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25N - Frente a la violencia machista: Autodefensa Feminista
En nuestra sociedad existe una violencia estructural contra las mujeres pese a todos los avances y pese a la pretendida “igualdad” que disfrutamos mujeres y hombres. Su expresión más feroz, aunque no la única, es la muerte. En este país continúan muriendo una media de 70 mujeres al año.
La ley orgánica 1/2004 de 28 de noviembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, surgió como medida desesperada frente a una situación de emergencia y pretendía acabar con la violencia contra las mujeres, aunque desde un planteamiento proteccionista y asistencialista.
Va a hacer ya 4 años que se aprobó. Después de estos años podemos afirmar que pocas cosas han cambiado. En lo general, el hecho de que la mujer haya ganado espacio en el ámbito público no ha resquebrajado el modelo: una sociedad con una estructura económica capitalista que otorga valor sólo a la esfera pública; mientras ésta se halla sustentada por la función doméstica y el trabajo de cuidados que siguen llevando a término las mujeres. En la gran mayoría de los casos de forma gratuita e invisible.
Desde la CGT vemos necesaria una crítica a la situación que continuamos viviendo las mujeres, que la ley integral contra la violencia machista no ha solucionado. Queremos enunciar y denunciar las principales dificultades con la que se encuentran las mujeres que solicitan protección frente a las agresiones machistas en el ámbito familiar. Son las siguientes:
Falta de autonomía de las mujeres, que se ven envueltas en una vorágine administrativa que decide continuamente por ellas, no siendo escuchadas ni pudiendo tomar decisiones propias.
Las mujeres inmigrantes sin papeles cuentan con la gran amenaza de la expulsión. Comprobamos, así mismo, como la administración prima la situación administrativa de la mujer inmigrante, y no la vida y la integridad física y psíquica de la mujer.
Grandes diferencias a nivel geográfico, ya que la aplicación del apoyo social recogido por la ley como un derecho depende en gran medida de las administraciones locales.
Dificultad de ejercer los derechos laborales recogidos en la Ley 1/2004, en su capítulo 2 por causa de la precariedad laboral de las afectadas (empleos precarios, medias jornadas, economía sumergida) siendo la consecuencia más frecuente el despido.
Ayudas económicas de auténtica miseria, las destinadas a las mujeres que sufren violencia y no consiguen trabajar remuneradamente. La Renta Activa de Inserción y Ayuda al pago único, aplicable en el primer caso es de 407 euros, año 2008.
Respecto a las Casas de Acogida, la ley recoge la adaptación de las actuales para convertirse en centros de recuperación integral, que garanticen terapia psicológica, seguimiento legal, apoyo social y educativo; pero la realidad es bien distinta. No hay un criterio común y consensuado que garantice la calidad y eficacia del servicio. Muchas casas de acogida las gestionan empresas de servicios que contratan profesionales sin experiencia, con unas condiciones de trabajo inestables y mal remunerados. Muchas son gestionadas por asociaciones de mujeres de carácter conservador, asistencial y religioso, desvirtuándose en demasiadas ocasiones el papel que deben desempeñar.
Repercusión de la violencia patriarcal al resto de la familia, no sólo a las mujeres, siendo especialmente vulnerables las y los menores, sin contar con una protección efectiva frente a la situación que viven.
Incumplimiento de la disposición respecto a implantar la asignatura obligatoria “Educación para la igualdad y contra la violencia de género”, que figura en la ley que denunciamos. No sólo no se ha creado, sino que no se destina ni un solo euro en la educación igualitaria
La realidad, por tanto, nos muestra que la labor legislativa, con ser importante, no es suficiente para resolver los problemas que nos acosan. Siguen siendo habituales las situaciones que afectan a mujeres que han sufrido violencia en el ámbito doméstico, encontrándose desprotegidas y sin recursos.
La realización del cambio social, corresponde a todos y todas. No podemos pensar en delegar toda la responsabilidad y las atribuciones en un Estado patriarcal y capitalista.
Nuestras estrategias de lucha, de autoorganización y autodeterminación como mujeres, no pueden ser obviadas por las instituciones. Queremos ser mujeres libres, fuertes, autónomas que usen todas sus capacidades para defenderse. Y hay que exigirle a ese mismo Estado que no solo asuma los discursos de los movimientos feministas, sino que asuma sus contenidos. Y que lo haga con los suficientes recursos y seriedad. Solamente de esta manera se podrá decir sin mentir, que se está actuando en la protección y prevención de la violencia machista.
¡¡ Frente a la violencia machista, Autodefensa Feminista !!
